Por Graciela Vázquez Moure
Es inevitable no recordar esa trágica mañana del 7 de marzo del 2012. Fue cuando dos hombres chilenos mataron al sargento José Aigo que estaba de recorrida en la madrugada por la ruta 23 junto con Pedro Guerrero, ambos pertenecían a la policía rural de Junín de los Andes. Una herida que nunca cicatrizó, porque Jorge Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres, ambos chilenos, escaparon, fueron buscados durante meses en la cordillera, fueron amparados por pobladores de la zona recorrida, desde Aluminé hasta Ñorquinco y se presume que fueron a caballo a Chile, caballos facilitados por quienes los ayudaron, se escaparon por un paso clandestino. Ambos prófugos figuran en las alertas rojas de Interpol.
Sin entrar en la larga y triste historia, se supo que Cortés Torres había llegado a través de Bariloche y El Bolsón desde Venezuela, ambos pertenecían a movimientos guerrilleros chilenos. Una síntesis total de lo que significó la muerte del sargento de familia Mapuche. Muchos son los datos, los involucrados, el tema político del caso, la impotencia de su familia.
Y entonces con la violencia que se conoce desde hace años y que recrudeció hace unos meses en la Patagonia y con el hecho conocido durante el fin de semana, de los tres chilenos, uno con doble nacionalidad argentino-chileno, que fueron detectados por personal de gendarmería nacional en Batea Mahuida, por donde pasaron desde Chile, y que entre sus pertenencias llevaban armas, municiones y uniformes camuflados, nos retrotrae a aquella historia de muerte en un hecho que nunca registró a ningún detenido, a pesar de las recompensas que impuso el gobierno neuquino por datos que dieran con los involucrados.
En este caso del último fin de semana, los dos chilenos fueron expulsados a su país y el de doble nacionalidad con domicilio en San Patricio del Chañar se le ha dictado en este lunes la prisión preventiva por 60 días.
En medio de la grave situación que se vive en la Patagonia en que Neuquén, Chubut y Río Negro, temen que recrudezca la violencia ejercida por grupos no identificados, que desde hace años se escudan en pertenecer a una comunidad mapuche y a la RAM- Resistencia Ancestral Mapuche- con relación directa con grupos mapuche-chilenos.
Pero además de este hecho puntual del fin de semana, el domingo se detuvo a quien ha sido miembro de las FARC colombianas y con un frondoso prontuario, ¿dónde fue encontrado? en Trevelin- Chubut. El detenido era buscado por Interpol, de nacionalidad argentina Facundo Molares Schoenfeld, hizo un extenso recorrido por varios países entre ellos Bolivia, donde fue detenido y luego liberado por gestiones del gobierno argentino. Las causas que pesan sobre él son: secuestro extorsivo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de fuerzas armadas y uso ilegal de uniformes e insignias.
Fuentes chilenas hace semanas que resaltan la presencia de miembros de las FARC en Chile, y que incluso serían responsables de la instrucción que tienen grupos mapuches de ese país en el uso de armas, un punto clave conocido en un video de hace tres días en que amenazan al gobierno de Sebastián Piñera portando armas y con una escenografía que recuerda a los grupos guerrilleros de los 70. Una senadora chilena hace unos días advirtió que grupos chilenos pasarían por pasos sin control hacia Neuquén y que tendrían como objetivo llevar armas. La grave situación incluye denuncias por narcotráfico. Algo que también el caso Aigo, se barajó desde la justicia.
La detención en Trevelín, es una punta del ovillo que podría tener relación con todo lo anterior.
Y entonces nuevamente vamos al comienzo de esta nota: toda la historia revive lo acontecido en la madrugada del 7 de marzo del 2012 en la que perdió la vida el sargento José Aigo, y que sus asesinos nunca fueron encontrados. Ambos chilenos. Prófugos, con alerta roja de Interpol, con paradero desconocido.
