Por Graciela Vázquez Moure

La toma irregular de tierras sobre la ruta provincial 48, en el denominado lote 27 sucedió en noviembre del 2021. Esta situación se postergó en el tiempo, y esta semana se conoció un pedido de informes de la concejal del PRO María Sol Petagna, enviado al Ejecutivo.

En el mismo dirigido al intendente Carlos Saloniti, la edil incluye en el pedido de informes al secretario de gobierno Matías Consoli y destaca que no solo continúa esta ocupación irregular sino que se observan construcciones avanzadas, incluso de dos pisos.

Recordamos que el lote 27 está situado sobre la ruta provincial 48, que además conduce a un paso internacional con Chile.

La concejal del PRO destaca la importancia y la gravedad de la ocupación de estas tierras, que reiteramos llevan cinco años de cometido el hecho irregular.

Por estas razones solicita las acciones administrativas realizadas: actas de infracción, intimaciones de desocupación, órdenes de demolición (o las razones por las que no se dictaron), fechas y destinatarios.

Pide las acciones judiciales impulsadas: causas penales por usurpación, acciones civiles de desalojo, números de expediente, estado procesal y medidas cautelares solicitadas.

Responsabilidades de funcionarios y áreas a cargo del caso, razones por las cuales la ocupación persiste y ha avanzado con construcciones en altura.

Además, pide se le informe sobre los servicios públicos, luz, gas, agua, de ser así quién autorizó las conexiones y si hay medidores o regularización de servicios en el lote.

Entre otros puntos expuestos solicita si hay algún estudio de impacto ambiental de la ocupación y de las construcciones iniciadas, y si Vialidad Provincial intervino en esta realidad además de pedir si hubo inspecciones municipales de las obras, intimaciones de paralización, multas o medidas cautelares, entre otras exigencias que indica el informe.

También pide saber si hay un plan de acción futuro y las medidas concretas, plazos y cronograma para impedir el crecimiento del asentamiento y recuperar el predio.

En su solicitud Sol Petagna remarca que la respuesta sea presentada por escrito con toda la documentación respaldatoria mediante sistema de GDE (copia certificada de expedientes, actas, denuncias, resoluciones, etc.), en un plazo de 10 días hábiles, de conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Neuquén y su normativa reglamentaria. Ver menos Ver menos

FINALIZÓ LA QUINTA SEMANA DEL PLAN MUNICIPAL DE ESQUÍ

Con la tradicional entrega de diplomas, los turnos mañana y tarde de séptimo grado de la Escuela N° 89, Escuela Integral N° 3 y Fasta, cerraron una semana más del Plan Municipal de Esquí.

La quinta y anteúltima.

Los grupos de esta semana tomaron clases con instructores del Club Lacar y del Club Neuquino de Esquí.

El Plan Municipal de Esquí “Aprendiendo en la nieve” es coordinado por la Secretaría de Turismo y Deportes del Municipio y es sostenido por la Municipalidad de San Martín de los Andes y la provincia de Neuquén.

Desde la Provincia, participan los ministerios de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales; de Juventud, Deportes y Cultura; y de Educación; y el Consejo Provincial de Educación.

También son parte del programa las escuelas y sus equipos docentes; y clubes de nuestra ciudad y de Junín de los Andes.

El Municipio destaca y agradece a Club Lacar, Club Andino Junín de los Andes (C.A.J.A), Club Andino San Martín de los Andes (C.A.S.M.A) y Club Neuquino de Esquí (C.N.E), cuyos instructores certificados estarán a cargo de las clases a los estudiantes

Por Graciela Vázquez Moure

Los Concejales ya decidieron sobre el proceso del juicio político al intendente Carlos Saloniti, quien compareció este jueves durante más de cuatro horas respondiendo a los seis puntos presentados.
Se acaba de conocer el resultado después del cuarto intermedio se desestimó la medida por 7 votos negativos y fueron 4 positivos a favor del procedimiento. Se necesitaban 8 votos para continuar con el proceso de juicio político.

Para ser aprobado el procedimiento de juicio político se requiere de los 2/3 de los votos de los concejales, así lo estipula la Carta Orgánica Municipal. Por lo que se requerían 8 votos positivos que aprobaran la medida.

Los concejales que rechazaron el juicio político al intendente Saloniti fueron:

. .Jovita Brondo (Juntos por el Cambio – Neuquén – UCR)

• María Laura Da Pieve (Neuquinizate / Comunidad)

• Santiago Fernández (Unión por la Patria)

• Carlos Menéndez (Unión por la Patria)

• Pablo Padilla (Movimiento Popular Neuquino)

• Roberto Sicilia (Fuerza Libertaria)

• Natalia Vita (Vicepresidenta primera)

Quienes votaron a favor del procedimiento fueron:

César Meza (PRO – NCN)

María Sol Petagna (PRO – NCN)

Marcela Valenzuela (Fuerza Patria / Unión por la Patria)

Paula Vives (NCN-PRO)

UNA MAÑANA ESPECIAL EN LA POLITICA DE LA CIUDAD

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, respondió detalladamente a los seis cargos con los que una vecina impulsaba un juicio político, durante una Sesión Especial convocada este jueves por el Concejo Deliberante, a pedido del propio mandatario.

El jefe comunal utilizó casi cuatro horas para referirse a los cargos sobre el sistema de saneamiento y el lago Lacar; la deuda con el Ente Provincial de Energía (EPEN); los controles de las obras en el Cerro Chapelco; la supuesta obstrucción de la Contraloría Municipal; supuesto desacato a una Medida Cautelar y el Convenio Colectivo de los trabajadores municipales; y la falta de participación ciudadana en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Tras la exposición, el Concejo Deliberante pasó a un cuarto intermedio al cabo del cual se pronunciará sobre la viabilidad de avanzar con un proceso de Juicio Político.

Dentro del recinto, además de los concejales, estuvieron el Defensor del Pueblo y del Ambiente, Fernando Bravo; y el juez de Faltas, Carlos Sánchez Galarce. Fuera del edificio, representantes y afiliados de los sindicatos ATE, UTA; de comisiones barriales, organizaciones sociales, instituciones deportivas y representantes de entidades de culto.

Las respuestas del jefe comunal incluyeron datos técnicos rigurosos, antecedentes administrativos, citas de expedientes y contextos sociales y políticos en la toma de decisiones. Con ese material, que llevó al Concejo Deliberante encarpetado y colocado en cajas, Saloniti refutó cada uno de los argumentos utilizados por la denunciante. Una copia de la documentación utilizada quedó en el Legislativo comunal.

“No les pido que compartan cada decisión de mi gobierno. No les pido que dejen de controlar. Les pido rigor y, recién después de hacer ese análisis, que se pregunten cuál es exactamente la conducta personal que se me atribuye”, señaló el intendente, luego de responder cada acusación con la que la denunciante pretendió generar un proceso de Juicio Político que hubiese significado, en primera instancia, la suspensión del cargo del jefe comunal.

“Sé que muchas veces los vecinos están cansados. Quien espera una calle, una vivienda, una cloaca, una respuesta o una solución ambiental no quiere escuchar hablar de competencias y expedientes. Quiere una solución. Lo comprendo. Y ésa es una de las partes más difíciles de gobernar: saber que detrás de cada expediente hay una persona, pero también saber que cada decisión utiliza recursos que pertenecen a todos”, afirmó.

Respuestas a los seis cargos

Primer cargo: Sistema Cloacal y Lago Lacar

“La Cooperativa de Agua Potable aclaró públicamente el 19 de mayo que nunca había diagnosticado un colapso general del sistema y que las plantas se encontraban en funcionamiento continuo y regular. No es lo mismo decir hay una infraestructura exigida que necesita inversión que afirmar todo el sistema está colapsado”.

 “El problema de los barros cloacales fue abordado mucho antes de esta denuncia. Se gestionó asistencia financiera, se acondicionó el sitio de tratamiento, se tomaron recomendaciones de impermeabilización, geomembrana, compactación y drenaje”.

“En el contexto del Pacto de Gobernanza con el Gobierno de Neuquén, se obtuvo un aporte provincial no reintegrable de $128.063.423,28, que la Cooperativa recibió en agosto de 2025, para mejorar la capacidad operativa de las plantas y la provisión de agua”.

“Junto con Provincia, esta Administración sumó inversiones en renovación de lámparas y balastos del sistema Ultra Violeta de la PTE-3, bombas para el tratamiento de barros, equipos de laboratorio y elementos de seguridad”.

“En 2025 se otorgó un aporte extraordinario de catorce millones de pesos para el sistema Ultra Violeta de la PTE-1”.

“En reuniones entre el Municipio, el Organismo de Control Municipal, la Cooperativa y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, se identificó como prioritarios para la planta que protege al Lago Lacar un grupo electrógeno, dos nuevos sopladores y un equipo deshidratador de lodos. La compra ya se tramita, con una inversión estimada en 600 millones de pesos”.

“En el marco de la infraestructura vinculada al desarrollo del barrio Aitue, se proyectó incorporar a la Planta N° 3 un filtro de discos de tratamiento terciario, que permitirá mejorar la calidad final del efluente, con un presupuesto asignado de 951.636.140 pesos”.

“Las inversiones actuales y proyectadas en saneamiento no resuelven definitivamente todos los desafíos del saneamiento. No sería serio decir eso. Pero tampoco sería serio describir una administración inmóvil cuando existen expedientes, licitaciones y casi 1.552 millones de pesos destinados a mejorar ambas plantas”.

Segundo cargo — Deuda y suministros de EPEN

“Desde 2006 existe un mecanismo de compensación entre la Municipalidad y el EPEN que, durante muchos años, funcionó sin generar deuda municipal. En 2022, frente a una situación financiera compleja de la Cooperativa de Agua, el Municipio asumió el pago de electricidad de los bombeos de las plantas PTE-1 y PTE-3. Porque el agua y el saneamiento son servicios esenciales que no pueden parar porque exista una discusión financiera”.

“Recién en 2024 comenzó a aparecer un saldo a favor del EPEN y durante 2025 el desequilibrio se hizo mucho más fuerte, entre otras razones por el incremento de las tarifas eléctricas, el crecimiento del alumbrado y la cantidad de suministros. La deuda nació cuando un esquema de compensación de casi veinte años dejó de equilibrarse frente a una ciudad y a costos que habían cambiado”.

“De los 286 suministros, 150 corresponden a alumbrado público. Otros 91 son de uso general. Hay 26 residenciales, 15 de mediana demanda y 4 de gran demanda. La gran mayoría de los medidores significan iluminación de calles y plazas, bombas de agua, plantas de tratamiento, espacios comunitarios, infraestructura vial, dependencias, viviendas y servicios que la ciudad fue incorporando con el tiempo”.

“El trabajo serio no es señalar un número de medidores. Es saber qué hay detrás de cada número. También sirve mirar qué parte de esa base corresponde al período de esta gestión. Desde diciembre de 2019 se incorporaron 82 suministros. Los otros 204 ya existían antes. Esto demuestra que estamos frente a una acumulación histórica y no frente a un sistema creado en los últimos seis años”.

De los 82 nuevos suministros de los últimos seis años, 31 son alumbrado público; 30 son vinculados, entre otras cosas, a bombas, plazas, espacios públicos e infraestructura; 18 son suministros residenciales; dos son de mediana demanda y uno de gran demanda. La enorme mayoría no son una expansión burocrática, son loteos, plazas, senderos, bombas, viviendas, espacios comunitarios y servicios que antes no estaban”.

“Detectado el desequilibrio con EPEN, la decisión fue trabajar en dos planos al mismo tiempo: regularizar la deuda y corregir las causas administrativas que podían seguir generándola. Refinanciamos la deuda para pagarla sin destruir el funcionamiento cotidiano de la Municipalidad y empezamos a revisar cada suministro y la potencia contratada”.

“Hay, además, suministros vinculados a situaciones sociales y a viviendas de familias vulnerables. Administrativamente sería fácil mirar una planilla y decir: ‘esto no es una oficina municipal, córtenlo’. Pero, detrás de un número, puede haber una familia, una asistencia otorgada hace años o una situación que requiere intervención de Desarrollo Humano. Esos casos deben revisarse uno por uno”.

“Una cosa es ordenar administrativamente los suministros y otra muy distinta es presentar todos esos consumos como si fueran ilegítimos, injustificados o ajenos al interés municipal. No estamos ocultando los suministros. Los estamos relevando, clasificando y ordenando. Pero también tenemos la obligación de explicar por qué existen y qué realidad humana hay detrás de cada uno de ellos”.

Tercer cargo — Medida Cautelar del TSJ y Convenio Colectivo

“Hay una distinción que considero fundamental: una cosa es discutir la constitucionalidad de una norma y otra cosa muy distinta es incumplir una orden judicial. Aquí se pretende transformar una discusión jurídica, que todavía se encuentra sometida al Tribunal Superior de Justicia, en una imputación personal al intendente de desobediencia. Son cuestiones completamente diferentes”.

“Puedo sostener jurídicamente que una norma es constitucional y, al mismo tiempo, cumplir una resolución cautelar que suspende provisionalmente sus efectos. Eso es precisamente respetar al Poder Judicial”.

“Para imputarme incumplimiento de una orden judicial deben responderse preguntas elementales. ¿Cuál fue la orden judicial concreta dirigida a este Intendente? ¿Qué conducta específica debía realizar? ¿Qué conducta específica debía abstenerme de realizar? ¿Qué acto dicté contrariando esa orden? ¿Qué decisión de la CIAP ejecuté automáticamente después de la cautelar? Porque la responsabilidad política no puede fundarse en abstracciones, tiene que existir una conducta concreta”.

Cuarto cargo — Obras en el Cerro Chapelco

“La hipótesis que la denuncia pretende instalar es, en términos generales, que el Municipio habría abandonado el ejercicio del poder de policía ambiental. Sin embargo, cuando se incorporan todos los antecedentes, aparece una administración que inspeccionó, paralizó, exigió documentación, pidió ampliaciones, sometió la cuestión a evaluación técnica, revisó decisiones, impuso medidas de mitigación, intimó, labró infracciones y llevó el procedimiento ambiental a una instancia en la que participó el propio Concejo Deliberante”.

“El 30 de enero de 2026 el Municipio constató que la empresa concesionaria del Cerro Chapelco realizaba movimientos de suelo en la playa de estacionamiento, sin autorización municipal. Constatada la irregularidad, el Municipio ordenó la paralización de los trabajos. ¿Quién realizó los movimientos de suelo? La concesionaria. ¿Quién detectó el incumplimiento? La Administración municipal. ¿Qué hizo cuando lo detectó? Paralizó. La infracción de un tercero no puede ser transformada, sin más, en prueba de que el Municipio renunció a controlar: cuando la irregularidad fue constatada, se ordenó detener la obra”.

“Que una decisión administrativa pueda ser discutida no significa que constituya mal desempeño. El juicio político no puede convertirse en un mecanismo para castigar retrospectivamente toda decisión que alguien hubiera preferido tomar de otro modo. Para hablar de mal desempeño debe existir una conducta grave, personal y funcionalmente reprochable, no simplemente una controversia administrativa”.

“Cuando la Administración detecta una situación que requiere mitigación o reparación y le ordena al responsable que actúe, está ejerciendo poder de policía. Si hubiera querido desconocer el problema o si hubiera querido favorecer a la empresa, no habría detenido la obra. Si hubiera querido desentenderse del ambiente, no habría impuesto obligaciones de mitigación y remediación”.

“El 23 de abril este Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 15.593/26, mediante la cual aprobó la Factibilidad Ambiental de la Playa de Estacionamiento del Cerro Chapelco, sobre la base del Informe de Factibilidad Ambiental tramitado en el expediente. No estamos, entonces, frente a un procedimiento que quedó abandonado o indefinidamente inconcluso. El procedimiento continuó, fue evaluado técnicamente, llegó a este Concejo Deliberante y culminó con una decisión institucional”.

“Mi argumento, por supuesto, no es que una ordenanza pueda borrar mágicamente cualquier cuestión anterior. El punto es mucho más concreto: existió un procedimiento ambiental real, que ese procedimiento tuvo estudios, observaciones, ampliaciones, evaluación técnica, participación institucional y una decisión final aprobada por el Concejo Deliberante. Esa realidad es incompatible con la idea de una omisión sostenida y deliberada del poder de policía ambiental”.

“Quiero referirme ahora a la segunda parte del cargo sobre el Cerro Chapelco: el nuevo medio de elevación, el sistema de cañones de nieve, el reservorio de agua y las nuevas líneas eléctricas. Este conjunto no puede confundirse con el expediente municipal de la playa de estacionamiento. La licitación, los pliegos, las obligaciones de inversión y la adjudicación fueron tramitados a nivel provincial (…) La metodología de la denuncia es equivocada, porque mezcla expedientes, obras, autoridades y competencias y luego atribuye todo el conjunto a una única persona”.

“No puede juzgarse la actuación del Intendente confundiendo la conducta de la concesionaria con la conducta del Municipio; ni mezclando la playa de estacionamiento con todas las obras de la concesión; ni atribuyendo al Departamento Ejecutivo decisiones que correspondieron al poder concedente provincial. El expediente puede ser objeto de debate técnico o jurídico, pero no puede saltarse a una causal extrema de responsabilidad política. Para eso se requiere acreditar una conducta personal, grave, concreta y atribuible al Intendente. Y esa conducta no surge de los antecedentes”.

Quinto cargo – Contraloría Municipal

“La Contraloría tiene que controlar. Y un intendente no tiene derecho a impedir ese control. Ahora bien, controlar no significa gobernar. La Contraloría observa, informa, cuestiona y recomienda. El Ejecutivo administra, decide y, cuando corresponde, responde o corrige. Entre ambos pueden existir diferencias. Las notas que recibimos y que son muchas has sido contestadas en su enorme mayoría, pero algunas fueron puestas en consideración de las áreas correspondientes y también se encuentran en fase de evaluación”.

Sexto cargo – Participación ciudadana y Audiencia Pública en el Plan de Ordenamiento Territorial

“El sexto cargo pretende presentar como un proceso irregular, opaco y deliberadamente defectuoso lo que, en los hechos, constituye uno de los procesos de planificación territorial y participación ciudadana más amplios desarrollados por el Municipio”.

“Se afirma que el Departamento Ejecutivo habría eludido deliberadamente la audiencia pública exigida por la Carta Orgánica Municipal. La afirmación es incorrecta. El artículo 59 inciso 4 de la Carta Orgánica establece la exigencia de audiencia pública para la aprobación de proyectos de ordenanza que dispongan la aprobación o modificación de normas ambientales y urbanísticas”.

 “Una vez concluida la asistencia técnica y elaborado el proyecto de Código de Planeamiento Urbano, éste será sometido al procedimiento correspondiente, incluida la audiencia pública exigida por la Carta Orgánica”.

“No puede sostenerse de buena fe que el Departamento Ejecutivo ni el Concejo Deliberante hayan omitido responder esta cuestión o que haya intentado sustraer el proyecto del mecanismo de participación establecido por la Carta Orgánica. Existe una diferencia fundamental entre participar en la elaboración de un instrumento técnico de planificación y aprobar una norma urbanística”.

“El proceso participativo contradice la acusación. La participación ciudadana constituyó uno de los ejes centrales del proceso desde su inicio. La asistencia técnica contempló reuniones con colegios profesionales, prestadores de servicios, representantes de juntas vecinales, cámaras empresarias, integrantes del Concejo Deliberante y distintas áreas municipales. A estas instancias se sumaron encuentros públicos y abiertos destinados a informar los avances y promover el intercambio con la comunidad”.

“Durante cuatro semanas funcionaron once comisiones temáticas: Ambiente; Infraestructuras; Plan de Movilidad Urbana; Programa de Barrios; Kaleuche; Plan de Acceso al Hábitat; Juventud; Discapacidad; Adultos Mayores; Patrimonio; y Ordenamiento Territorial y Código de Planeamiento Urbano. Esto contradice de manera categórica la idea de un proceso cerrado u opaco. Resulta particularmente significativo que quien hoy cuestiona la falta de instancias de participación pública no registre participación en ninguna de las comisiones creadas”.

“El sexto cargo pretende construir, a partir de hechos administrativos diferentes y de documentos de naturaleza diversa, la existencia de un supuesto patrón de ocultamiento, manipulación y elusión de los mecanismos de participación y control. Sin embargo, cuando se observa el proceso completo, la conclusión es exactamente la contraria. Este cargo carece de sustento para acreditar una conducta deliberada de ocultamiento, adulteración de registros, elusión de la participación ciudadana u opacidad administrativa atribuible al Intendente Municipal”.

En el tramo final de su exposición, el intendente Saloniti señaló: “No reivindico una gestión perfecta. Reivindico una gestión que trabaja, que gestiona, que corrige, que busca recursos y que asume responsabilidades. Voy a rendir cuentas de cada decisión que me corresponda. Voy a entregar cada expediente. Voy a escuchar cada crítica y voy a corregir aquello que haya que corregir. Pero con la misma convicción digo: no abandoné mis funciones. No dejé de gestionar. No desobedecí deliberadamente a la Justicia. No renuncié al control ambiental. No impedí el funcionamiento de las instituciones de control. Y no ocultamos a la comunidad un proceso de planificación que fue construido mediante decenas de reuniones abiertas. Una cosa es controlar a un gobierno y otra muy distinta es transformar las dificultades propias de gobernar en una causal de destitución”.

“Confío en las instituciones de San Martín de los Andes. Y confío en que nuestra comunidad entiende algo sencillo: gobernar no es prometer que no habrá problemas. Gobernar es enfrentarlos. Y eso es lo que hicimos. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que voy a seguir haciendo mientras los vecinos de San Martín de los Andes me hayan confiado esta responsabilidad”, concluyó el mandatario comunal.

NdR: En las puertas del Deliberante desde temprano escucharon la exposición del intendente ATE,UTA, ORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINOS

EL INTENDENTE CARLOS SALONITI SE PRESENTA ESTE JUEVES ANTE EL CONCEJO DELIBERANTE

Por Graciela Vázquez Moure

Tal como había solicitado ante el pedido de juicio político presentado por Valeria López Oronoz, una vecina de la ciudad, Carlos Saloniti se presentará este jueves 3 de setiembre a las 9 de la mañana en una sesión especial, para responder cada uno de los puntos expuestos en la presentación.

Mientras que se conoció el lunes que la comisión de  Labor Legislativa estipuló que la sesión se realice sin público, solo secretarios municipales y los titulares de la Defensoría del Pueblo, Fernando Bravo; de la Contraloría Municipal, Jorge Fernández; y del Juzgado Administrativo de Faltas, Carlos Sánchez Galarce, además del personal del Concejo Deliberante que deba desempeñar funciones durante la sesión.
El dictamen emitido ayer, dispone que la sesión se desarrolle sin público en el recinto, garantizando la participación y el acceso de la ciudadanía mediante su transmisión en vivo a través del canal oficial del Concejo Deliberante en YouTube.

Después de esta presentación del intendente,  los concejales deberán resolver si dan curso al juicio político presentado hace un mes.

El pedido de juicio político está entre los atributos de los vecinos  en el artículo 137 de la Carta Orgánica Municipal.

En la presentación recordamos que los puntos expuestos son: se acusó al intendente de mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes a su cargo. Se basó en seis hechos que van desde la omisión de acciones para frenar la contaminación del lago Lácar,  la falta de controles a la empresa concesionaria del cerro Chapelco en trabajos de movimiento del suelo, se expresan  críticas al Plan de Ordenamiento Territorial, y la deuda de más de 1.700 millones de pesos que el municipio contrajo con el EPEN., esta última recordamos que ya se trató el tema con el gobierno provincial y directivos del Epen, este punto tal vez es el que más desarrollo debería tener, porque no se explica como el municipio mantenía una deuda semejante,  gran parte de ella producto de un apoyo económico a la Cooperativa de Agua que es del año 2022 en adelante, esto produjo incluso un corte de suministro en el palacio municipal hace unos meses y en dependencias municipales, un corte que al parecer no fue avisado por  el ente provincial. En definitiva este jueves se conocerán los argumentos de la explicación que el jefe comunal realizará frente a los concejales teniendo en cuenta cada uno de los puntos denunciados.

Por Graciela Vázquez Moure

Meses solicitando una revisión de la tasa de licencias comerciales al comercio local.

Enfrentados a una temporada invernal mala, con índices de turismo bajos comparados con años anteriores, aunque esto se perfila desde hace dos años y medio, el comercio se encuentra en una marcada recesión. Han cerrado varios y otros han reducido su espacio físico debido a los altos costos y bajas en las ventas. Además de generar una importante deuda de pago de las tasas municipales.

El pedido lo hacían las instituciones intermedias en general y la Cámara de Comercio,  y finalmente en la última sesión del deliberante se aprobó una reducción de un 35% en las licencias y un régimen especial para la regularización de las deudas, incluye la quita de un cien por ciento en los intereses. Otra posibilidad es elegir un plan de seis cuotas para regularizar deudas, y en ese caso la reducción de los intereses es del 50%. Si es en tres meses es el 100%

El pedido continúa con la modificación del esquema tributario municipal.

Lo aprobado en el Concejo Deliberante busca dar al menos, un alivio al sector comercial afectado por la situación de falta de ventas en casi todos los rubros y el sector turístico.  Obvio que en caso de las entidades bancarias que también se ven beneficiadas por la reducción, no se vive la realidad del comercio en general, las agencias de turismo, la parte hotelera y gastronómica y el comerciante de distintos rubros que hace meses siente la recesión. Los Bancos no entran en esta lamentable realidad de merma en la actividad económica pero no fueron exceptuados de la medida de reducción aprobada el jueves.

foto ilustrativa

“LA TIERRA EN ARGENTINA ES PARA LOS ARGENTINOS Y EN ESPECIAL PARA LOS NEUQUINOS”

Por Graciela Vázquez Moure

Dos frases que de alguna manera sintetizan el camino que se emprende cuando se urbaniza un barrio, en este caso se trata de AITUE, ubicado en Cordones del Chapelco. La primera fue expresada por Carlos Saloniti y la segunda referida al destino de la tierra fue dicha por el gobernador Figueroa.

Los nuevos servicios de Aitue beneficiarán a las 200 familias preadjudicatarias de los lotes, que ya participan de un proceso de construcción comunitaria con el municipio, pero también alcanzarán a una buena parte de la zona de Cordones.

Podríamos sumar a estas dos frases lo que decía siempre quien fue intendenta de San Martin de los Andes “la política es lograr el bien común”, quizás parece simple pero no siempre los objetivos fijados van en ese camino.

En este caso hablamos de que cinco empresas presentaron sus propuestas para ejecutar la obra de urbanización integral del barrio Aitue, ubicado en Cordones del Chapelco. La apertura de sobres se realizó este martes en la ciudad de Neuquén y estuvo encabezada por el gobernador, Rolando Figueroa, y el intendente municipal, Carlos Saloniti.

El mandatario provincial destacó que, este proyecto de urbanización, es producto del trabajo planificado junto al intendente Saloniti y reafirmó que esta política se inserta en el principio de que la tierra en Argentina es para los argentinos y, en especial, para los neuquinos.

El intendente Saloniti agradeció la participación del “Gobierno de la provincia, el BID y toda la decisión política del gobernador y todo su equipo” y señaló que el proyecto “no solo beneficia a Aitue, sino a todo Cordones de Chapelco”.

El proceso licitatorio prevé los trabajos de mensura del barrio y la instalación de redes de agua, energía eléctrica, cloacas, caminería y arbolado urbano, con una inversión de algo más de 9.200 millones de pesos.

El sistema de agua de Aitue beneficiará a 1.600 familias de la zona; el sistema eléctrico mejorará el suministro a 5.200 usuarios de la zona; la obra de saneamiento beneficiará a 5.200 lotes; la caminería alcanzará a 1.200 usuarios y se colocarán 1184 árboles.

El proyecto contempla un plazo de ejecución de 540 días corridos y permitirá avanzar en la consolidación urbana del barrio mediante la ejecución de obras de infraestructura esenciales para las familias del lugar.

“El buen uso de la tierra”

Durante el acto, el gobernador Figueroa reafirmó la importancia del buen uso de la tierra por parte de argentinos y, en especial, de los neuquinos. “La tierra es para los argentinos y prioritariamente para los neuquinos”, aseguró el mandatario.

Afirmó que, la urbanización de Aitue, “forma parte de esa premisa. Si terminamos habilitando la compra de todo esto, ya tenemos experiencia en el departamento Lácar: todo lo lindo se lo van a terminar comprando los de afuera”.

Dijo que, ante la decisión del gobierno nacional de no ejecutar obra pública, “en San Martín de los Andes nos sentamos con el intendente (Carlos Saloniti) y comenzamos a planificar”. Comentó que se priorizó inicialmente el trabajo en educación y se avanzó “con cada una de las necesidades”.

En su discurso, el gobernador destacó la importancia del acceso a lotes en la provincia y el proyecto de ley que envió a la Legislatura para modificar el régimen de tierras fiscales. Además, se refirió a las políticas que el Gobierno tiene en marcha para desarrollar soluciones habitacionales en toda la provincia.

Se refirió al financiamiento del BID para las obras que se licitaron y aseguró que fue posible “porque ordenamos la provincia”. Además, destacó que desde el inicio de la gestión se trabajó en “la construcción de una buena gobernanza entre los distintos niveles de gobierno”.

Figueroa detalló las obras en marcha en la localidad y aseguró que “surge por un trabajo coordinado que hemos tenido con el intendente”. “Acá en Neuquén no es sálvese quien pueda. Acá en Neuquén todos nos salvamos juntos”, dijo, y remarcó que la Provincia “va a crecer y hoy nos toca la responsabilidad también de sostener a la Argentina”. “La Argentina se sostiene gracias al trabajo de Neuquén”, manifestó.

El gobernador recordó que desde la Provincia se solicitó a Nación el traspaso de algunas rutas: “Queremos que Siete Lagos pase a la provincia para poder mantenerla, para hacer una ciclovía y para que sea el Paseo de los Siete Lagos”. “Es una problemática abordar las rutas nacionales porque no son de nuestra propiedad”, añadió.

Además, se refirió a la ruta de Meliquina y expresó: “Va a mejorar la vida de quienes viven efectivamente ahí. Algunos que viven en Buenos Aires quieren un lugar aislado del mundo, entonces no quieren que se construya una ruta, pero los que viven todos los días sí quieren una ruta, porque tienen que ir todos los días a San Martín de los Andes”.

El intendente Saloniti destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y puntualizó que a San Martín de los Andes “debe ser una de las ciudades que más inversión y apoyo nos han brindado”. Además, mencionó algunas iniciativas en la localidad como el proyecto en “el barrio Aitue, la licitación en Cerro Chapelco, aeropuerto, escuelas, centro de adultos mayores”. “Son hechos concretos que impactan en una comunidad que está creciendo, que va a seguir creciendo y que necesitaba imperiosamente cubrir ese déficit de infraestructura”, manifestó.

“El Gobierno de la provincia se está poniendo al día con San Martín de los Andes y hay un montón de obras por delante”, señaló el intendente y expresó: “Me siento orgulloso de tener el acompañamiento del gobernador, de todo su equipo, de la forma en que trabajan con nosotros y de sentirnos acompañados”. “El único objetivo que tenemos es que le vaya mejor a la gente”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, detalló que, en el proyecto de Aitue, “son 200 lotes más un macrolote que podríamos llevar adelante una vivienda multifamiliar para otras 100 familias. O sea que finalmente estamos hablando de soluciones habitacionales que llegan a 300 familias en San Martín de los Andes”.

“Quiero reconocer este trabajo colectivo, comunitario y la decisión de esta gestión de Gobierno provincial que es la que nos hace este salto de transformarlo ya en realidad, en palpable y en obras que en breve van a comenzar a desarrollarse”, indicó.

Además, destacó que no se trata de “un hecho aislado”, sino que desde la gestión provincial “hay una decisión que se viene acompañando para resolver el déficit de infraestructura que teníamos en San Martín de los Andes”. Puntualizó el importante número de obras que “finalizamos, tenemos en ejecución y vamos a iniciar en los próximos meses”.

“Son 35 obras que en menos de tres años esta gestión de Gobierno provincial está llevando adelante”, detalló y agregó: “Son más de 288.000 millones de pesos que la provincia del Neuquén está invirtiendo en el desarrollo de San Martín de los Andes”. “Sigamos cuidando lo que estamos construyendo; este Neuquén que nos representa, nos integra y nos prioriza”, finalizó.

El Gobierno neuquino, la Municipalidad de San Martín de los Andes y el Ente Provincial de Energía (EPEN) pusieron en marcha un amplio programa de reformulación de la deuda y el consumo de energía del Municipio, que abre las puertas a un nuevo convenio entre las partes.

Continuando con las políticas públicas de ordenamiento, esta etapa de trabajo coordinado permitirá que cada Ministerio neuquino asuma los costos de la energía de sus establecimientos en nuestra ciudad, incluyendo su proporcional de la deuda recientemente refinanciada entre el Municipio y Epen.

El compromiso de las partes incluye la revisión detallada de cada medidor actualmente a nombre de Municipio, incluyendo consumo, costos, objetivos y destino real del suministro. Además, se realizará la adecuación de las potencias contratadas al consumo real.

También se incorporará al análisis a la Cooperativa de Agua Potable, particularmente respecto de los suministros destinados a bombeo y saneamiento, que se encuentran entre los de mayor demanda energética.

Para la puesta en marcha real de este acuerdo, en los próximos días, personal técnico y comercial del EPEN trabajará en San Martín de los Andes junto con equipos municipales.

Este amplio compromiso de trabajo coordinado se alcanzó durante una reunión realizada en Neuquén, encabezada por el ministro de Gobierno de la Provincia, Jorge Tobares; el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti; y el presidente del Directorio del EPEN, Mario Moya.

También participaron el gerente general de EPEN, Jorge Ramos; la gerente de Comercialización de la empresa estatal de energía, Verónica Carbone; el director por los trabajadores y las trabajadoras, Mario Chiappe; el gerente de Asuntos Legales, Fernando Da Costa Silva; y el asesor letrado Saúl Castañeda, en representación del Municipio.

PUNTOS CLAVES DEL ACUERDO:

1- Revisar los suministros a cargo del Municipio y reasignar las titularidades en los casos que corresponda, determinar las obligaciones acumuladas y los costos que deberán asumirse en adelante.

2- La regularización se realizará de manera coordinada, sin afectar la continuidad de servicios públicos esenciales. La presencia del Ministerio de Gobierno en la reunión permitirá articular este proceso con los distintos organismos y ministerios provinciales involucrados.

3- Se revisarán 278 medidores, de los cuales 173 corresponden al alumbrado público de la ciudad. Se controlará su ubicación, destino, titularidad, consumo y potencia contratada.

4- La revisión de la potencia contratada permitirá detectar suministros que deban transferirse o darse de baja y corregir contrataciones que actualmente generan costos o recargos innecesarios.

5- Adecuación de las potencias contratadas al consumo real para ajustar cada suministro a sus necesidades reales. Cuando un suministro utiliza más potencia que la originalmente solicitada pueden generar importantes recargos; y cuando se contrata más potencia de la necesaria también se producen costos evitables.

6- Revisar los suministros transitorios utilizados para fiestas, actividades y eventos públicos de manera que el Municipio pueda conocer su costo real y determinar previamente quién deberá afrontarlo.

7- Sobre la base de este reordenamiento, avanzar en la revisión del convenio existente entre la Municipalidad y EPEN, que incluya mecanismos de recaudación, compensación y gastos administrativos.

El objetivo común es transparentar consumos y ajustar con sentido de realidad los suministros. De esta manera, la Municipalidad tendrá previsibilidad en sus costos siempre bajo la garantía de continuidad de prestación de los servicios públicos, trabajando coordinadamente con la Provincia y el EPEN. Ver menos