LOS IMPLICADOS TENÍAN ADEMÁS CONTACTO EN SAN MARTIN DE LOS ANDES

El fiscal jefe Gastón Ávila, y el asistente letrado Federico Sura formularon cargos a ocho personas acusadas de integrar una organización dedicada al comercio de estupefacientes en la localidad de Junín de los Andes.

Fue tras una investigación que permitió reconstruir su funcionamiento, roles y puntos de venta.

Desde la fiscalía se mencionan las iniciales de las personas implicadas y los delitos que el representante de la fiscalía les atribuyó son comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ambos agravados por la participación organizada de tres o más personas, en calidad de coautores.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, entre el 7 de enero y el 30 de abril de 2026 los acusados comercializaron droga de manera organizada, con una división de tareas definida, dos de las personas encabezaban la estructura: conseguían clorhidrato de cocaína, lo fraccionaban y lo distribuían entre los demás integrantes para su venta.

La organización utilizó distintos domicilios como puntos de acopio, fraccionamiento y comercialización. Inicialmente operaron en una vivienda de calle Los Maitenes y luego en otra de calle 25 de Mayo y, finalmente, en una casa del barrio Nehuenche.Según la investigación, los vendedores, recibían la droga y la fraccionaban en dosis para su venta directa.

Para ello utilizaban balanzas de precisión, envoltorios de nylon y otros elementos. Parte del dinero obtenido era transferido a uno del grupo mediante billeteras virtuales.

Además, a uno de ellos se le atribuye haber facilitado su vehículo para el traslado de la droga y haber extendido la actividad a la ciudad de San Martín de los Andes.

Durante allanamientos realizados el pasado 2 de mayo, la fiscalía secuestró un total de 187,65 gramos de clorhidrato de cocaína en distintos domicilios vinculados a los imputados, además de dinero en efectivo, balanzas, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento.

En los procedimientos también se incautaron armas de fuego y municiones sin la debida autorización legal.

La jueza de garantías Vanesa Macedo Font, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló la formulación de cargos de acuerdo con lo solicitado por la fiscalía.

Medidas cautelares

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que M.A.A., M.R.A., T.F.G. y R.G.E.M. queden bajo prisión domiciliaria por el plazo de dos meses.

Para M.F.C., J.D. y E.A., Ávila y Sura pidieron la imposición de medidas cautelares: comparendos periódicos y la prohibición de mantener contacto o de ejercer actos de perturbación, intimidación o violencia respecto de una persona vinculada a la investigación.

En el caso de E.A.R., los funcionarios del MPF requirieron además la prohibición de contacto con los restantes integrantes de la organización y la obligación de presentarse diariamente en una sede de Gendarmería.

La jueza de garantías rechazó el pedido de prisión domiciliaria y, de manera subsidiaria, dispuso para M.A.A., M.R.A., T.F.G. y R.G.E.M. las mismas medidas que fijó para los otros imputados: la prohibición de mantener contacto o de ejercer actos de perturbación, intimidación o violencia respecto de una persona vinculada a la investigación y la prohibición de contacto con los restantes integrantes de la organización.

Tras la decisión de la magistrada, los representantes de la fiscalía solicitaron la revisión de la resolución en cuanto al rechazo de las prisiones domiciliarias

El intendente municipal, Carlos Saloniti, designó a Diego Marcovesky al frente de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Sostenible.

Marcovesky, quien asume sus funciones a partir de este lunes, tiene una extensa experiencia en gestión y planificación pública y privada; experto en construcción y urbanismo.

Es Maestro Mayor de Obras desde hace 35 años y actualmente está en proceso de culminación de Tesis de Grado en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.

Marcovesky tiene, además, experiencia ejecutiva y legislativa, en diversos cargos electivos, ejecutivos, en obras y en auditorías desde el año 1997 en Junín de los Andes y en otros lugares de la provincia de Neuquén.

Participó en la elaboración de normas ejecutivas, Ordenanzas, Manuales de Misiones y Funciones, Organigramas, Protocolos y Manuales de Procedimiento en áreas de Obras Particulares y Catastro.

Lideró equipos profesionales en proyectos de arquitectura y construcción; participó activamente en procesos de planificación territorial y ambiental en distintas localidades. Actualmente es parte integrante de la Unidad Ejecutora Kaleuche, en ámbito de planificación y gestión, y del proyecto autogestivo El Trébol.

Por Graciela Vázquez Moure

La empresa concesionaria deberá cumplir con una serie de condiciones establecidas

Nuevamente la obra del estacionamiento en cerro Chapelco se vio afectada por reclamos de la comunidad Curruhuinca y Vera. La empresa concesionaria debió paralizar los trabajos.

Hace unos meses el ministro de gobierno Jorge Tobares debió mediar y estableció una mesa de diálogo.

Se pedía un estudio de impacto ambiental y cumplir con el protocolo establecido para toda obra que se realice en el centro invernal,  y que pueda afectar el ambiente de las comunidades que residen en el área.

La comunidad mapuche Curruhuinca y Vera, emitieron en la semana varios comunicados, detallando los planteos que nuevamente surgen, como sucedió en años anteriores con la concesión que caducó el año pasado, dudas por una cuestión ambiental, y la posibilidad de que los pobladores de la zona corran riesgos tanto en los cursos de aguas abajo, como en la contaminación del territorio.

Finalmente esta semana el Concejo Deliberante aprobó la factibilidad ambiental para la mencionada obra y establece una serie de condiciones que la empresa debe cumplir

 Según se informó la resolución habilita el avance del proyecto concesionado a la empresa Transporte Don Otto S.A., aunque establece una serie de condiciones que deberán cumplirse antes y durante la ejecución de las obras, con un régimen de sanciones en el caso de incumplimientos.

La aprobación se dio en el marco de la sesión que comenzó el día jueves 23 de abril, que para el abordaje de este tema en particular pasó a un cuarto intermedio hasta el día lunes 27 y luego a un nuevo cuarto intermedio hasta el día miércoles 29; en donde se dio participación a las comunidades mapuches Curruhuinca y Vera.

La norma sancionada prevé la realización de talleres interculturales obligatorios para abordar las temáticas de flora, fauna, agua y aire desde la cosmovisión mapuche.
El monitoreo de todas las obras estará a cargo de la UTGA ampliada con representantes de ambas comunidades.

La norma, prevé además multas que pueden ir del uno al veinte por ciento del valor total de la inversión proyectada, y en los casos más graves se prevé la caducidad de la declaración ambiental, ante incumplimientos por parte de la empresa. Los fondos que se recauden por infracciones irán a un Fondo Especial de Reparación Socio Ambiental Comunitario, cuya reglamentación quedará en manos de la Mesa Intercultural.

La aprobación de la obra y su continuación tuvo  el voto positivo de 10 concejales y el voto negativo de la concejal Marcela Valenzuela (Fuerza Patria – PJ)

foto prensa concejo deliberante

Por Graciela Vázquez Moure

Lamentable  situación de amenazas de tiroteo, agresiones y violencia en las escuelas de nivel medio,  se vive en todo el país, y San Martín de los Andes no es ajena a esta realidad.

Unas 20 escuelas en la provincia advirtieron sobre carteles amenazantes de agresiones con armas, que no se han concretado pero que despertaron el alerta en el gobierno provincial y en la Supervisión de Nivel Medio en nuestra ciudad.

Dialogamos con Verónica Zambrano, Supervisora del distrito 9 y nos relató las medidas tomadas para cuidar cada espacio y prevenir ante un acto concreto.

“Se está trabajando con las familias, los docentes y los alumnos, a los padres también se les pide responsabilidad de lo que sucede en cada familia” indicó “la escuela es el lugar de pertenencia,  y de contención, y eso es lo que hay que preservar ante estas amenazas” dijo la supervisora del nivel medio de nuestra ciudad.

Confirmó que se cumple con la ley que aprobó Neuquén el año pasado de no usar celulares en las aulas y en la escuela, pero el uso de los mismos afuera y la conexión con redes ya es responsabilidad de la familia.

“Se están haciendo jornadas de reflexión con los alumnos y se les pide que también deben colaborar si se enteran de alguna situación que indique una posibilidad concreta de riesgo” destacó Verónica Zambrano.

Sin duda que todos deben tomar dimensión de lo que significan estas amenazas que han aparecido en los baños de las escuelas de nivel medio y las técnicas de la ciudad.

Ante la pregunta si estas medidas tomadas se mantendrán en el tiempo, más allá de esta situación puntual conocida en la última semana, la funcionaria provincial aseguró “ estamos comprometidos todos de asegurar que las escuelas deben ser lo más seguro para los jóvenes” resaltó.

Y asimismo podemos agregar que como sabemos además piden contención psicológica en muchos casos, y una política de salud mental que recién ahora empieza a verse reflejada en el gobierno provincial con algunas acciones.

Por otra parte, se sabe que las autoridades de las escuelas  que recibieron estas amenazas, trabajan con los padres y además se hizo la denuncia correspondiente, se trabaja en cada aula informando y sobre todo “escuchando a los alumnos, que es algo que también piden” indicó Zambrano.

En San Martín de los Andes no ha existido ninguna situación de presencia de armas entre los jóvenes, fueron solo carteles amenazantes, pero sin duda las acciones y el alerta deben estar vigentes.

El ministerio de educación de Neuquén, abordó el tema que es muy grave y Soledad Martínez, explicó  las acciones articuladas desde la cartera ante la escalada de amenazas en distintas instituciones educativas de la provincia, recordamos 20 en total. Martínez subrayó que suspender las clases o sacar a los chicos de las escuelas sería «profundizar ese escenario complejo o de riesgo» en el que puede encontrarse la juventud.

Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) se trabaja en la elaboración de un protocolo de intervención específico para estos casos, que se complementa con la articulación con otras áreas del Estado: salud mental, salud pública, seguridad, la Defensoría y la Fiscalía.

La ministra fue explícita en cuanto al enfoque: «Se hace un abordaje pedagógico, no punitivista, no reglamentarista», sostuvo. Descartó revisar mochilas o instalar detectores de metales en los accesos. «Estamos frente a un fenómeno global, que tiene particularidades en cada jurisdicción», señaló y agregó que desde el Estado neuquino se busca qué acciones tomar para cuidar a los jóvenes y prevenir estas situaciones.

En algunas escuelas donde aparecieron carteles de amenazas, las clases habituales fueron suspendidas temporalmente y reemplazadas por actividades de reflexión y discusión con los estudiantes. «Es lo que nos parece que es el camino que hay que transitar», concluyó la ministra.

«Hay antecedentes a nivel país por lo que obvio estas situaciones nos preocupan y por eso no vamos a minimizar ningún aviso. En la provincia tenemos unas 17 escuelas, la mayoría secundarias, técnicas, y públicas y privadas atravesando alguna situación de amenaza», confirmó.

En medio de esta grave situación también el gremio ATEN pidió reuniones específicas y piden ponerlo en la agenda del Estado.

La Salud Mental, el apoyo de gabinetes psicológicos son pedidos reiterados, y en esta ola de mensajes amenazantes surge nuevamente esta solicitud que más de una vez surgió ante suicidios de adolescentes.

Sin duda como especificaba en nuestro diálogo Verónica Zambrano, supervisora del nivel medio de nuestra ciudad, la contención y las acciones que se hacen en las escuelas deben estar fortalecidas por las familias, que podemos decir que en algunos casos están pasando por situaciones de vulnerabilidad ya sea por crisis económicas o personales, y que esta realidad se suma a lo que se vive diariamente en cada casa.

Las redes, los retos virales que surgen de algunos grupos, el desafío que les proponen son el eje en la mayoría de los casos de esta oleada que ya abarca todo el país y nadie quiere vivir lo que se vivió en San Cristóbal, Santa Fe,  hace unas semanas atrás,  con un hecho realmente trágico.

Los carteles que ilustran esta nota pertenecen a instituciones diversas, y prácticamente todos los que se han visto son similares en su advertencia.