14 de enero 2026
ENTRE LOS PUNTOS QUE DESTACAN ESTÁ EL DPTO.LACAR -NEUQUEN
EL RIESGO DE MODIFICAR LA LEY DE TIERRAS, PROYECTO DEL GOBIERNO DE MILEI
El cambio del uso de tierras incendiadas, es otro punto clave.
Por Graciela Vázquez Moure
La intención de cambiar la Ley de Tierras, presentado el proyecto en la ley de bases del gobierno nacional acompañado de un DNU, tiene en esta semana su punto cúlmine.
Se conoció un trabajo del CONICET en el que se informa que existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la Ley de Tierras, única normativa que pone cierto freno al proceso y que el Gobierno quiere derogar.
Hay cuatro casos –Lácar (Neuquén), acá se destaca San Martín de los Andes, General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)– donde la extranjerización supera el 50%: todos concentran agua dulce o minerales. Casi el 5% del territorio en manos extranjeras, en su mayoría estadounidenses.
Y en este caso es bueno mencionar que hace meses se establecieron ciudadanos rusos en nuestra ciudad, que según pudimos saber ya tienen su documento nacional, otorgado en el registro civil.
También hay ciudadanos chinos, lo que demuestra que no todo viene de Estados Unidos. Alguna estancia en manos de ciudadanos austríacos, alemanes, ingleses, por ejemplo, viene de décadas atrás.
Y como decimos en el comienzo la intención del Gobierno de Javier Milei de ir contra la Ley de Tierras para quitar cualquier freno a la compra de hectáreas por parte de privados extranjeros, es sin duda una espada de Damocles que se cierne sobre el país.
Mientras tanto, un mapa advierte sobre la cantidad de tierras que ya están en manos privadas en el país: nada menos que 13 millones de hectáreas. Es decir, cerca del 5% del territorio nacional pertenece a firmas de otros países.
Esto se sumaría al proyecto que establece que la (Ley 27.604) que prohíbe la venta, loteo o cambio de uso de tierras incendiadas, estableciendo plazos de 60 años para bosques nativos y áreas protegidas, y 30 años para zonas agrícolas, praderas y pastizales, para evitar la especulación inmobiliaria, aunque hubo intentos de derogación parcial. Esta ley modifica la anterior Ley de Manejo del Fuego (26.815) y busca asegurar la restauración ambiental tras los incendios, prohibiendo cambios en el destino del suelo por esos períodos. Otro punto grave de los proyectos presentados en el Congreso de la Nación.
El rojo en el mapa muestra la realidad, cuando saquen el freno de la ley, el territorio se pintará de ese color. Acuíferos, agua dulce, minerales, tierras raras, es lo que existe en nuestro país.
Las declaraciones de quienes estudian el tema son claras: “No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa”, alerta el historiador Matías Oberlin, uno de los creadores del Observatorio de Tierras y el Mapa de la Extranjerización de Tierras en Argentina, obra de investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Conicet. “Este gobierno ha demostrado que lo tiene en el tintero desde el día uno, con el DNU 70, y vuelven al ataque ahora”.
Según la Ley 26.737 ninguna provincia puede superar el 15% de tierras bajo propiedad extranjera. La versión oficial indica que esto se cumple, pero al analizar el mapa por distritos o localidades, la conclusión cambia.
Los puntos rojos del mapa exponen esos escenarios donde ya hay más tierras extranjerizadas de las que permite la ley. No resulta sorpresivo que sean sitios estratégicos, en zonas de frontera y cargados de recursos valiosos. “Los municipios pintados de rojo son localidades con bienes escasos: acuíferos, minerales críticos, litio, tierra raras y lugares con conflictos sociales muy grandes, como Cushamen”. Se trata del departamento donde se encuentra Puerto Patriada, corazón de la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, zona golpeada por los incendios de los últimos días en Chubut. Allí, sobre 1.649.975 hectáreas, ya hay 377.875 extranjerizadas.
El Gobierno quiere sacar el freno a la protección del territorio
El escenario no es nuevo. La cantidad de tierras en manos extranjeras no varió mucho en los últimos años. Pero mientras el Gobierno avanza en su intención de ir contra la Ley de Tierras que pone freno a esa extranjerización, el mapa permite observar que –aún con ese marco legal- si se pone la lupa sobre localidades y municipios el máximo permitido ya se vulnera. Sin ese freno, la venta del país adquiere vía libre.
El informe elaborado por Caggiano y Oberlin remarca que “existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la ley. Y hay cuatro casos –Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)– donde la extranjerización supera el 50%. Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales. A su vez Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) —todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná— superan ampliamente el 30%”.
Analizaron y expusieron la información en un mapa interactivo para que esté al alcance y se dé el debate sobre datos precisos. Sobre ese escenario, alertan que “la derogación (de la Ley de Tierras) apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional. Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas. En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana”.
Lo que está en juego es claro: “Definir qué se puede vender y qué no, y bajo qué reglas, no es una cuestión de carácter administrativo: ordena el acceso a recursos que son centrales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo. Por eso, en un momento de presión creciente sobre estos territorios, desarmar las protecciones existentes —que se sostuvieron durante décadas sobre la base de una visión a largo plazo del territorio y sus recursos— no es neutral: reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país”.
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