Hace años que he escrito sobre el tema de ríos y lagos cercados. Arroyos que bajan de la montaña y aquí nomás en la Vega San Martín, desde hace años un arroyo está cercado y se impide el acceso, detrás del alambrado un centro budista con gruesas rejas en sus ventanas y personal de seguridad aparece informando que el acceso es privado. De nada sirven las explicaciones de lo que dice el Código Civil, o argumentos más sensibles que tampoco importan como que ese arroyo que conduce a una cascada era el lugar preferido de mis hijos para tomar la merienda los días en que el sol y las cálidas tardes lo permitían. Claro de eso hace más de veinte años. Ahora el señor de seguridad impide el paso y aunque no amenaza, intimida.
Las costas de los ríos y lagos solo son privados cuando comienzan y terminan en la propiedad, cuestión que en realidad se registra en muy pocos casos.
Las situaciones de violencia en distintos puntos de la región neuquina han sido muchos en esta última década. Disparos entre las sombras, intimidaciones a guías de pesca y pescadores en ríos de la zona, fueron frecuentes. Un caso trágico la muerte de Cristian González en lago Lolog hace 10 años, originó una asociación civil impulsada por su padre Angel González.
Los reclamos han sido muchos, pero los casos que se concentran en la Patagonia son paradigmáticos. Tranqueras cerradas que impiden el acceso a caminos que son públicos o alambrados que no respetan el camino de Sirga, son frecuentes.
Ahora una nueva esperanza se abre en caso de que se logre la aprobación de una nueva ley.
Durante la última década, el kirchnerismo favoreció este método, muchos extranjeros compraron tierras con cursos de gua incluidos, pero un proyecto con media sanción espera ser aprobado en el Congreso Nacional.
Otro de los proyectos que ingresó a la Legislatura neuquina , tiene como objetivo regular el derecho de uso y goce de los cursos de agua en la provincia, ya que en algo más de 10 años los alambrados se incrementaron en todo el territorio neuquino y en muchas provincias patagónicas.
El proyecto pertenece al bloque de diputados del Frente y la Participación Neuquina-Unión de los Neuquinos (FPN-UNE) quien hace años demuestra preocupación por el tema y que ahora concretan en acciones que forman parte de los reclamos de las distintas poblaciones afectadas.
En el proyecto se menciona “los artículos 253° y 237° del Código Civil y Comercial de la Nación y en los términos de la presente ley”.
El proyecto establece en su articulado una limitación administrativa al dominio de los propietarios y poseedores de los fundos ribereños, conforme lo establecido en el artículo 1907 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En otro artículo, exceptúa del alcance de la ley los tramos de riberas, costas o márgenes que por legislación nacional, provincial o municipal, sean afectados a un régimen de uso o protección especial; y a aquellos que las autoridades nacionales declaren prioritarias para la seguridad nacional.
Designa como autoridad de Aplicación al Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales, el que tendrá a su cargo el objetivo de garantizar el libre acceso público a las costas, márgenes y riberas y habilitar las correspondientes servidumbres de tránsito o de restricción al dominio en el caso de que no pudiese arribarse a un acuerdo. Además, deberá establecer programas de promoción e incentivo a la investigación, desarrollo e incorporación de tecnologías y métodos tendientes a prevenir, mitigar, remediar y reducir la contaminación costera y sus consecuencias.
Sanciones que afectan el bolsillo para quienes no cumplan con la ley
El proyecto establece sanciones por incumplimiento que van desde 5.000 a 200.000 pesos, según se trate de impedimento de acceso, impedimento de acceso con amenazas o daño de los accesos.
Las sanciones se regirán por las normas de procedimiento administrativo que correspondieren, asegurándose el debido proceso legal. En los fundamentos, el proyecto expresa que el acceso a las costas de los espacios de agua públicos “se viene transformando en una situación conflictiva a lo largo y ancho de toda la provincia, sobre todo a partir de que distintos inversores, nacionales y extranjeros, han venido interesándose en adquirir tierras que incluyan una supuesta exclusividad sobre las costas y playas de los ríos, lagos y arroyos”.
Algunos fundamentos son los que se han esgrimido hace una década, en propuestas y proyectos que nunca fueron aprobados. Es que los intereses creados son muchos, y el poder político en más de una oportunidad acuerda con esos terratenientes y los proyectos fueron cajoneados.
Uno de esos argumentos que nuevamente se pone en la mesa de trabajo es que los inmobiliarios tienen como propuesta de venta playa privada, y garantías de privacidad en lugares donde el nivel paisajístico es maravilloso y las fuentes de agua dulce y pura también.
En proyecto dice finalmente que “El libre acceso a las costas implica esencialmente la defensa activa del medio ambiente, toda vez que el acceso público a tales espacios permite un permanente monitoreo ciudadano frente a cualquier forma de contaminación que pudiere detectarse a partir de los efluentes derivados por los distintos emprendimientos turísticos o industriales” mención que también ha sido argumentada en otros proyectos que no llegaron a ser aprobados.
Una nota de Infobae de hace unos días mostraba los casos más paradigmáticos de la Patagonia y especialmente de Neuquén. Casos conocidos desde hace décadas.
Quizás esta vez se logre lo que gran parte de la ciudadanía pide. Acceder a esos espacios que son de todos y que nadie tiene derecho a impedir.
(foto INFOBAE)
