6 de febrero 2026
Por Graciela Vázquez Moure
La denuncia acompañada de un informe de la Defensoría del Pueblo sacó nuevamente a relucir la situación de un grupo de personas que se encuentran en situación de calle, usurpan espacios, generan preocupación entre los vecinos y que lamentablemente, las adicciones al alcohol y otras sustancias provocan un deterioro en ellos que cada vez se profundiza más.
No es nuevo. Hace décadas terminaban muchos muriendo por hipotermia en los terrenos baldíos del casco céntrico. Tampoco había políticas que dieran solución.
Sin embargo, es bueno recordar el refugio Samuel Pérez, un espacio que fue creado por Brunilda Rebolledo hace más de 20 años, cuando estaba al frente de Desarrollo Social.
Impecable el lugar, se le brindaba abrigo y comida. Cuál era la respuesta: se escapaban de noche, provocaban situaciones violentas con el personal, porque en esos lugares no pueden consumir alcohol, ni drogas.
El lugar poco después fue cerrado.
La denuncia de la Defensoría fue directa al Concejo Deliberante y al Municipio en este caso a la Dirección de Seguridad. El desalojo es lo primero, pero para eso debe existir una denuncia en el Ministerio Público Fiscal. Usurpación de propiedad en este caso pública y riesgos de todo tipo.
Detrás del supermercado La Anónima hace tres años se produjo el desalojo con intervención de la Dirección de Seguridad del Municipio, la justicia y la policía. Eran 14 personas las que vivían en un drusgtore, provocaban problemas en el supermercado y con los camiones que llegaban con mercadería que debía ser descargada. Hubo denuncias que finalmente terminaron en el desalojo. Fue en el 2023.
Intervino Desarrollo Social. En más de una oportunidad se les pagó algún alquiler para que no estuvieran en la calle, algún subsidio, pero esos planes tienen tiempos de ejecución.
Muchos de ellos tienen familia en la ciudad. Dejaron sus casas o tuvieron que irse por situaciones diversas, violencia, o no poder controlar lo que genera el consumo de alcohol y sustancias. No es fácil.
En el 2024 se produjo otro desalojo, migraron hacia atrás del espacio Trama, se instalaron en el estacionamiento. Se los veía en el centro de visitantes del Parque Nacional Lanín. Allí también se produjeron denuncias. Fueron desalojados.
En este caso a la vera del Parque Lineal Pocahullo, viven en situación de riesgo y ponen en riesgo a otros. Nuevamente surge el tema: no hay abordaje de salud mental, ni lugares donde albergar a quienes sufren esta realidad, y cuando son llevados a algún lugar como ya ha pasado, la solución dura poco. Deben tener custodia policial 24 hs. Agreden a quienes están a cargo del espacio y finalmente se escapan y vuelven a la calle.
No voy a dar nombres, pero los conocemos y vemos lamentablemente su caída con el paso del tiempo. Son seres que guardan sin duda un dolor profundo en el alma. Y no encuentran el camino.
En La Anónima se han registrado denuncias porque piden plata en el estacionamiento, presionan hasta que logran tener respuesta con alguna botella de alcohol. Y nuevamente empieza esta rueda que no se acaba y que muchas veces se alimenta con otras personas que llegan de otros lugares, con ventas ambulantes que son la pantalla y finalmente se suman al grupo.
En el 2025 hubo denuncia penal desde la Dirección de Seguridad del Municipio, actuó nuevamente Mauricio Troncoso que está al frente del área, conoce el tema por su experiencia en el sector policial, hubo desalojo del espacio que fue hace años del CASMA. Habían armado enramadas. Hacían Fuego de noche, en los fondos del módulo sanitario. Se hizo el abordaje, se dio solución desde Desarrollo Social, pero la historia volvió a reiterarse. Porque lo que se puede hacer es momentáneo. La crisis de cada uno de ellos sigue, las adicciones se profundizan y la violencia se acrecienta.
El tema es grave. La intervención del municipio con este informe de Defensoría del Pueblo vuelve a estar en los medios. Se visibiliza. Pero no es suficiente. La denuncia ante el Ministerio Público Fiscal debería estar presente de todos los organismos involucrados, no sirve solo con hacerlo notar.
Debería formarse un gabinete integral de abordaje, tal vez buscando alguna medida que sirva, que tenga permanencia en el tiempo, que el Ministerio Público Fiscal reciba la denuncia, actúe la justicia por usurpación, que se inicie un proceso penal, pero surge nuevamente la pregunta: ¿a qué lugar se lleva a las personas que están en esta situación? Las alcaidías están superadas y no es fácil alojar a personas con adicciones graves.
Mirar para otro lado no sirve. Buscar soluciones que sabemos que solo calman la situación momentáneamente tampoco. Es un tema grave que crece en la ciudad y que quizás requiere un abordaje político, social y de salud mental. Tal vez así surja alguna solución que produzca cambios.
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