ES UNA MEDIDA DE INCLUSIÓN TENIENDO EN CUENTA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

En una nota dirigida al intendente Saloniti alumnas y alumnos del 4° año 2da y otros miembros de la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Educación Técnica N°12 «Ing. Juan Carlos Fontanive», de nuestra localidad, proponen en el marco de la disciplina “Instrucción Cívica” articular contenidos técnicos con compromiso social y participación ciudadana y en este sentido expresan que “detectamos una necesidad concreta en nuestra ciudad: la falta de señalización sonora en los semáforos existentes, lo cual representa una barrera para la movilidad segura y autónoma de las personas con discapacidad visual”.

Indican que una ciudad inclusiva se construye garantizando el acceso equitativo al espacio público, y proponen la incorporación de semáforos sonoros en los cruces peatonales que se encuentran en los semáforos ya existentes. 

Esta medida tiene como objetivos la mejora de la seguridad vial y la contribución al respeto por los derechos de todas las personas, en especial de aquellas con discapacidad visual. Resulta necesario destacar que ambos semáforos se encuentran cercanos a instituciones educativas, Escuela N° 86, CPEM N° 28, Esc. Especial N° 8, Escuela de Música, entre otras y podríamos agregar que en un año estará construida la Escuela Integral 3, un espacio para jóvenes y adolescentes con distintas discapacidades, en la que podrían existir personas con discapacidad visual.

Destacan además que “la República Argentina ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la Ley N.º 26.378. Dicha convención establece, en su Artículo 9 – Accesibilidad, que los Estados Parte deben tomar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, entre otros.”

En el mismo artículo se indica la obligación de implementar “ajustes razonables”, entendidos como las modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada o indebida, con el fin de garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos, entre ellos la independencia en su movilidad.

Resaltan en la nota que “La colocación de semáforos sonoros constituye un claro ejemplo de ajuste razonable: se trata de una intervención técnicamente viable, económicamente accesible y socialmente justa, cuyo impacto positivo en la calidad de vida y en la autonomía de las personas es significativo”

Por todo lo expuesto solicitan al municipio que evalúe la factibilidad de avanzar en la implementación de esta medida, y considere la posibilidad de incluirla en los planes de accesibilidad urbana.

Y suman su colaboración porque están comprometidos/as con esta propuesta y “dispuestos/as a colaborar desde nuestra formación técnica en el diseño y desarrollo de posibles soluciones tecnológicas adaptadas a nuestro contexto local.”

Por Graciela Vázquez Moure

Décadas reclamando un espacio para sus estudiantes, de todas las edades, con distintas situaciones y realidades que requerían inclusión, una condición que no siempre fue tenida en cuenta.

He visto los pedidos, las carpetas de quienes estaban al frente de la llamada en ese momento Escuela Laboral 3.

Se alquilaban edificios, casas particulares, se adaptaban, vencían los contratos y nuevamente había que encarar la situación.

Así pasaron generaciones, jóvenes, adolescentes que dejaron de serlo y no pudieron ver esta realidad de nuestros días.

La Escuela, ahora llamada Integral tendrá su edificio a través de una inversión del gobierno provincial.

Y eso hay que celebrarlo, dejando atrás lo que no fue y vislumbrar lo que se perfila como un excelente espacio.

Iniciaron los trabajos para la construcción del nuevo edificio de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad (Eiajd) 3 de San Martín de los Andes. 

Se trata de una institución de servicios múltiples, con acompañamiento a 64 estudiantes desde su sede y 70 estudiantes con inclusión en niveles de media y adultos. Atiende adolescentes y jóvenes con discapacidades intelectuales, visuales, auditivas, motrices y autismo.

La obra demandará una inversión de 3.888.785.206 pesos y contempla un plazo de ejecución de 365 días corridos. El establecimiento tendrá una superficie cubierta de 1.526 metros cuadrados, que se ajusta en forma de L al terreno triangular existente.

La propuesta de diseño prevé dos alas; en una de ellas se ubicará el sector administrativo, servicios (con cocina y sanitarios) y talleres; en tanto en la otra funcionarán las aulas de expresión corporal, el salón de usos múltiples, un invernadero exterior y huerta.

Estas últimas se ubican en ese sector para poder tener un acceso vehicular directo, útil al momento de ingresar los materiales necesarios para sus actividades. Al mismo tiempo permite acceder al patio, hacia el cual se abren el SUM, un taller de habilidades múltiples y la sala de hornos del taller de cerámica contando con la posibilidad de expandirse hacia el patio.

El invernadero, localizado al oeste del edificio, será construido en estructura metálica y chapa traslucida para capitalizar la luz solar, y ser resistente al clima. El establecimiento contará, además, con paneles solares para la generación de energía eléctrica.

El edificio prevé los elementos necesarios para el dictado de las actividades que realizarán los jóvenes con discapacidad que asistirán a este establecimiento, por ejemplo, baranda en las circulaciones y pisos de colores en los pasillos, entre otras consideraciones.

A partir de una impugnación del fiscal jefe Gastón Ávila, un tribunal revocó la absolución de un varón acusado por abuso sexual con acceso carnal agravado, cometido en noviembre de 2024 en San Martín de los Andes. Además, dispuso la realización de un nuevo juicio con distinta integración del tribunal.

El hecho investigado ocurrió en el interior de una cabaña donde la víctima, una adolescente, residía bajo la guarda de los padres del acusado. Según la acusación, el hombre, J.S.C., se aprovechó de la situación de convivencia y de la condición de vulnerabilidad de la joven al momento de los hechos.

Durante la audiencia de impugnación, Ávila planteó que la absolución del 1 de septiembre de este año por un tribunal de juicio había incurrido en “arbitrariedad y en una valoración absurda de la prueba producida”.

Junto a la asistente letrada Lucía Lucero, el fiscal jefe sostuvo que los jueces habían desconocido “los elementos objetivos y testimoniales que acreditaban el abuso”, y que el voto mayoritario había descreído injustificadamente del testimonio de la víctima, desestimando tanto su estado de shock e inmovilidad durante el hecho como las conclusiones de las profesionales que la asistieron.

“La realidad es que el tribunal que absolvió descreyó de la versión de la víctima. Y no le creyó por una evaluación absurda de la prueba y por juzgar con un sesgo estereotipado sobre cuál era la conducta que tenía que tener antes, durante y después del hecho”, sostuvo Ávila.

Entre otros puntos, el fiscal jefe remarcó que el tribunal de juicio, integrado por los jueces Diego Chavarría Ruiz, Juan Pablo Balderrama e Ignacio Pombo, consideró erróneamente que la fiscalía había modificado la acusación en los alegatos al referirse a la relación de poder y vulnerabilidad existente entre el acusado y la víctima. Aclaró que eso no implicó una variación en los hechos atribuidos, sino la descripción del contexto de aprovechamiento en el cual se produjo el abuso.

Relato coherente

Además, Avila señaló que la absolución se centró en inconsistencias irrelevantes del relato de la víctima y en una valoración inadecuada de la prueba científica: sostuvo que los y las profesionales que evaluaron e testimonio de la mujer evaluaron que se trató de un relato “coherente y persistente”, por un lado, y por el otro destacó la existencia de una prueba de ADN positiva del acusado en una prenda íntima de la víctima.

Tras analizar los planteos, el tribunal de impugnación, integrado por el juez Nazareno Eulogio y las juezas Estefanía Sauli y Florencia Martini, declaró la nulidad de la sentencia que absolvió al acusado y ordenó volver a realizar el juicio, ante un nuevo tribunal.