18 de enero 2018
La Senadora Nacional Lucila Crexell manifestó que «es de enorme gravedad institucional que un Presidente espere al receso parlamentario para dictar Decretos que, no sólo no acreditan la necesidad ni la urgencia, sino que además sustraen competencias del Poder Legislativo, lesionando de manera evidente la división de poderes, y sobre todo el federalismo».
Consideró que “hay que poner un límite a esta práctica, que es utilizada para llevar adelante decisiones que quedan al margen del control”, y acotó que “además existen maniobras que impiden que estos decretos sean tratados en las sesiones, ya sea para su aprobación o su rechazo».
Como prueba de este avance sobre la división de poderes, Crexell agregó que “no han tenido tratamiento ninguno de todos los decretos firmados por Macri durante sus dos años de mandato”. Recordó que a fines del año pasado, “por un pedido de Michetti, fue removido del temario un dictamen que había sido acordado para tratar en la última sesión, respecto de un DNU que crea la agencia de discapacidad bajo la órbita de la propia Michetti».
«Todas estas medidas, que el Presidente decide por decreto, en un país serio y que respeta la institucionalidad, son tratadas y debatidas en el ámbito que está diseñado para tal fin, que es el Congreso Nacional; pero claramente este gobierno no es consecuente con sus prédicas de brindar esa seguridad jurídica tan declamada por el Presidente y sus ministros», comentó.
En cuanto a las consecuencias que pueden acarrear estos decretos, indicó que “lo grave es que a partir de este instrumento, se modifican leyes de fondo al antojo del Presidente y el gabinete, generando una enorme vulnerabilidad al sistema jurídico argentino y poniéndonos nuevamente ante situaciones que pueden devenir en demandas, como ocurre con el DNU por el cual se modificó la Ley de Medios, para nombrar tan solo uno. Otro de los DNU cuestionados -que no quieren tratar en el recinto-, es aquel por el cual se le transfirieron aproximadamente 80.000 millones de pesos a provincia de Buenos Aires y a la CABA, de los cuales 40.000 están destinados a financiar la obra del soterramiento del Sarmiento, obra a cargo de Calcaterra, primo de Macri”.
Por último la Senadora adelantó que está pronta a presentar una demanda judicial argumentando la inconstitucionalidad de la ley 26.122, por alterar el espíritu de la Constitución Nacional en lo referido las competencias legislativas y en consecuencia a los decretos dictados bajo esta norma.
En este sentido Crexell manifestó que pidió “en reiteradas oportunidades” el tratamiento de los DNU en el recinto, pero “frente a las reiteradas negativas, no queda otra alternativa que judicializar el tema, puesto que se está cometiendo un grave avasallamiento a las provincias, que quedan fueran de las decisiones de naturaleza federal que el Presidente ejecuta sin poner a consideración de los Senadores y Diputados, garantes del federalismo que establece nuestra Constitución».
«El último DNU firmado por Macri, avala aún más la sensación que tengo como Senadora, y es que este gobierno subestima la división de poderes y las capacidades de todos aquellos que no somos funcionales a sus deseos», acotó.
La Senadora de Neuquén hace más de un año que viene reclamando por el uso desmedido de los Decretos de Necesidad y Urgencia, y la falta de revisión a la que deben ser sometidos estos decretos en el Congreso, lo cual implica que “se está transgrediendo de manera flagrante la Constitución Nacional”.
En sesión del año 2016, ya había alertado sobre el uso desmedido de esta herramienta.
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