10 de marzo 2016
Por Graciela Vázquez Moure
Hace más de una década que en San Martín de los Andes comenzó una práctica que tiene rasgos de la esclavitud del siglo XXI. Es que la llegada de ciudadanos paraguayos y bolivianos con motivo del auge de la construcción en el año 2003, fue el semillero para que muchos trabajadores llegaran ilegalmente primero, y luego con el programa Patria Grande en forma legal, a las ciudades que requerían mano de obra especializada y sobre todo barata.
Esta especulación de empresarios argentinos, hizo que llegaran a la ciudad hombres que primero giraban a sus familias el dinero cobrado, y más tarde trajeran a la localidad a su mujer e hijos.
Ellas trabajaban inicialmente en algunos hoteles, esto también en su momento fue origen de denuncia por no tener las mismas condiciones laborales que los argentinos.
Los niños requirieron bancos en las escuelas y esto originó oportunamente un problema en supervisión escolar, ya que muy lejos de discriminar se les otorgó la vacante solicitada, cumpliendo con los derechos que deben ser respetados.
En otros operativos anteriores de hace algunos años, la atención se concentró en prostíbulos de la ciudad, allí se encontró la presencia de mujeres dominicanas, que también negaron el sometimiento. Se hicieron acciones sobre estos lugares y algunos de ellos dejaron de funcionar.
Así comenzó la historia que recuerdo abordé periodísticamente hace más de una década, advirtiendo que traería consecuencias más profundas, ya que los obreros de la construcción vivían en algunos casos, la mayoría, en condiciones indignas, pero ellos mismos decían que mejores condiciones de las que les ofrecían en su país de origen.
Esta semana se conoció un operativo conjunto de Gendarmería Nacional de nuestra ciudad y Policía Federal, cumpliendo con lo que corresponde después de una denuncia de la oficina de Atención a las víctimas de delito.
El objetivo locales de venta de ropa, que eran atendidos y propiedad de ciudadanos bolivianos. Las víctimas eran tres mujeres, dos bolivianas y una dominicana, víctimas del delito de trata laboral. Se realizaron cuatro allanamientos en varios locales de la ciudad y dos personas fueron detenidas y trasladadas a la ciudad de Zapala, ya que se trata de un delito federal.
Uno de los locales ubicado en Elordi al 700 otro al 500, luego en un allanamiento efectuado en la vivienda de quienes eran responsables de los comercios, acción que llevó a cabo personal de la Delegación de Policía Federal, se encontraron 900 mil pesos, 10 mil dólares y dinero boliviano. Las víctimas de este delito están en libertad y una vez más no ven con buenos ojos estos procedimientos, porque no comprenden que tienen derechos que deben ser respetados, y ahora sienten que no encontrarán otro trabajo, por el que pagaban tres veces más de lo que cobrarían en sus países. En caso de que lo requieran pueden recibir contención por parte de los psicólogos que forman parte de la oficina de atención a las víctimas de delito.
La esclavitud del siglo 21, avanza con mercados enormes que encierran mafias detrás, son las que recaudan millones diarios, ropa de dudosa procedencia pero mucho más barata es el gancho para que miles de personas acudan a los puestos de estas ferias. Un reflejo de esto se vio claramente en la Fiesta del Puestero de Junín de los Andes. Los puestos de cueros, de fábricas legalmente constituidas, tenían un puñado de interesados y miles transitaban entre puestos de ropa, electrónica, juguetes y otras propuestas en las que quienes atendían claramente no eran argentinos. Era una sucursal de la Salada y la Saladita.
La denuncia sobre este caso de esta semana, llegó por la Oficina de Atención a Víctimas del Delito, a través del hospital local.
Fuentes consultadas expresan lo mismo que hace años se decía cuando comenzó este fenómeno: es un tema complejo porque las víctimas aceptan el abuso laboral y no comprenden que tienen derechos que deben ser respetados, porque ganan tres veces más que en sus países y si bien viven sin libertades, las condiciones son también mejores que las que tienen sus familias en los países donde nacieron.
En este caso se les ofreció volver a Bolivia, para esto el gobierno les ofrece los pasajes y las condiciones para que procedan, pero muchas veces prefieren quedarse, esto en esta oportunidad, no está definido.
La identidad de las personas detenidas ya trascendió en medios nacionales y locales que son: Elia Morales Plata, de 36 años y Ronald Alcides Viza Cruz, de 43, quienes serían pareja, quedaron incomunicados y a disposición del Juzgado Federal de Zapala, subrogado por la jueza María Silvina Domínguez, a cargo del expediente.
Ellos llegaron por otra actividad y vieron la oportunidad de desarrollarse en el rubro ropa y así sucedía en tres locales instalados en la ciudad.
Según información recabada, es posible que las dos personas detenidas sean parte de una operación de tráfico de personas.
De acuerdo a datos vertidos por Infobae, la documentación hallada, por lo menos, respalda la hipótesis. Anotaciones con información de mujeres y comprobantes de giros de dinero hechos por las presuntas damnificadas, tickets de entrada y salida del país de la Dirección Nacional de Migraciones, documentos de extranjeros ajenos a la casa en la calle Mascardi junto a tres notebooks, cuatro tablets y cinco celulares, además de dos CPU y dos discos rígidos externos, material que deberá ser peritado en las próximas horas.
Los detenidos no tenían retenido el documento de las personas que trabajaban, pero si se constató que siempre les debían jornales, esta es una forma de atrapar, según pudo conocer en este caso, Desde el Sur Digital.
Así, queda por determinar si Morales y Viza Cruz tienen un rol de mando o son simples empleados en la organización sospechada. Hay particularidades y paradojas: Morales, inscripta en la AFIP hace seis años y con domicilio fiscal en el local de la calle Elordi, está registrada para comerciar en el rubro de prendas de vestir. Información de aportes patronales la muestra como empleadora; hay pagos de cargas sociales a su nombre hechos al menos hasta mediados del año pasado. En el local de Elordi también tiene domicilio fiscal una mujer argentina de 40 años, oriunda de San Martín de los Andes y registrada en el rubro de venta de ropa.
Una historia más que engrosa la lista de esta práctica que tiene el lamentable perfil de la esclavitud del siglo XXI y que en este caso tuvo como protagonistas personas residentes en San Martín de los Andes.
(Foto La Mañana Neuquen)
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